UCIN Boiro ha registro un nuevo escrito en el Registro General del Ayuntamiento para acceder al expediente administrativo íntegro y a toda la documentación técnica sobre la decisión de apuntalar la Plaza de Galicia. La formación da este paso tras las declaraciones contradictorias de los responsables del Gobierno municipal sobre el estado de la infraestructura.
No es la primera vez que lo intenta. UCIN recuerda que el 29 de junio ya había registrado una solicitud para consultar los informes técnicos sobre la capacidad portante, el estado estructural y las condiciones de seguridad de la plaza antes de las fiestas.
El problema está en lo que vino después. Según UCIN, el alcalde afirmó que el refuerzo estructural estaba decidido desde hacía dos meses y que formaba parte de la planificación previa de las fiestas. El teniente de alcalde, en cambio, aseguró que no existía ningún daño estructural y que había informes técnicos favorables que avalaban la celebración de los eventos. Dos versiones que no encajan.
Sobre esa distancia insiste el coordinador de UCIN Boiro, Miguel Piqueras. «Cuando un Gobierno asegura públicamente que existen informes técnicos y decisiones administrativas que respaldan una actuación de esta importancia, lo lógico es que esa documentación pueda ser consultada. La transparencia no puede quedarse únicamente en declaraciones políticas», señala.
El escrito concreta qué quiere ver la formación. Reclama copia íntegra del expediente, los informes técnicos, las resoluciones, los decretos, las comunicaciones internas y el resto de documentación vinculada al apuntalamiento. Y añade un punto que mira al presente: el informe o certificación que acredite que, retirados los refuerzos y terminadas las fiestas, la Plaza de Galicia reúne todas las condiciones de estabilidad y seguridad para su uso habitual.
UCIN prevé también el escenario contrario. Si alguno de los documentos citados por los responsables municipales no existe o no consta en el expediente, pide que el Concello de Boiro expida una certificación oficial que así lo acredite.
Piqueras cierra marcando distancias con cualquier lectura de ataque. «No estamos haciendo acusaciones; estamos ejerciendo un derecho reconocido por la ley para comprobar que las afirmaciones realizadas por el Gobierno municipal cuentan con el correspondiente respaldo documental. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre una infraestructura por la que pasan cientos de personas todos los días», concluye.
