El entorno jurídico europeo examinará la compatibilidad de la ley española del Ingreso Mínimo Vital con la Carta Social Europea, tras admitir a trámite una reclamación presentada por el movimiento ATD Cuarto Mundo. La decisión, tomada en sesión plenaria el 15 de mayo y publicada el 15 de junio, implica que el Comité analizará si la normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez respeta los derechos recogidos en los artículos 13.1, 15.3, 16, 17, 30, 31 y E de dicha carta.
Aunque no se han aprobado medidas urgentes, el Comité considera necesario estudiar el fondo de la reclamación. Esta decisión ha generado discrepancias internas, ya que un miembro expresó en voto particular que la falta de datos sobre reintegros indebidos no es culpa de los denunciantes, sino de la ausencia de transparencia por parte del Gobierno.
Desde ATD Cuarto Mundo, la admisión se interpreta como un logro de la presión social frente a lo que consideran un enfoque punitivo hacia las personas en situación de pobreza. Además, cuestionan el discurso oficial coincidiendo con el quinto aniversario de la ley.
El proceso continuará con un periodo de alegaciones hasta el 14 de agosto de 2025, mientras las organizaciones sociales seguirán presionando para un cambio legislativo que priorice la protección frente a la pobreza.
