El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, ha hecho pública una denuncia tras recibir numerosos testimonios procedentes de distintas comarcas de Galicia. Según explica, apuntan a posibles irregularidades en la gestión de cursos de formación para personas desempleadas, una situación que, a su juicio, podría afectar tanto a la economía personal de muchos participantes como a la fiabilidad de las cifras oficiales del paro.
Suspensión como demandantes activos: el primer impacto
De acuerdo con la información recopilada, cuando una persona en paro es llamada para participar en un curso gestionado a través del SEPE, se encuentra con una decisión complicada: aceptar la formación o arriesgarse a perder la prestación.
Una vez dentro del programa, el participante pasa a una situación de suspensión como demandante activo de empleo. Durante ese periodo formativo, deja de figurar como disponible para ofertas laborales.
“Se les asegura que el curso mejorará su empleabilidad, pero en la práctica quedan fuera del circuito activo de búsqueda de empleo mientras dura la formación”, señala José Luis Calo.
Desde UCIN Galicia advierten de que este mecanismo podría reducir temporalmente el número de demandantes activos registrados en algunos municipios, alterando así la imagen estadística del desempleo.
Más prácticas y altas como “activos no remunerados”
La organización sostiene que desde 2024 se habrían producido cambios en la estructura de ciertos cursos:
- Incremento de las horas de prácticas, superando en algunos casos las 120.
- Reducción de la jornada diaria a cinco horas.
- Ampliación del periodo práctico hasta uno o incluso dos meses.
Durante ese tiempo, según denuncian, los participantes son dados de alta en la Seguridad Social como “activo no remunerado”, sin salario y sin cotización efectiva.
“Esto no solo distorsiona la imagen estadística del empleo, sino que puede perjudicar el currículum de personas que ya se encuentran en una situación vulnerable”, afirma Calo.
Desde UCIN Galicia explican que en la vida laboral de los participantes aparece un alta seguida de una baja en poco tiempo, algo que, de cara a futuras empresas, podría interpretarse como contratos de muy corta duración.
Ayudas que no llegan a cubrir los gastos
Los testimonios recogidos también hablan de dificultades económicas añadidas. Entre las ayudas previstas figuran:
- 15 euros por día de asistencia para quienes tengan menores de 12 años a cargo.
- 0,19 euros por kilómetro si el curso se realiza fuera del municipio de residencia.
Según relatan algunos afectados, estas cantidades no cubren los gastos reales y, además, en varios casos se estarían abonando con retrasos de meses.
UCIN Galicia menciona el caso de una participante que comenzó un curso en octubre de 2025 y que todavía no habría recibido ninguna de las ayudas prometidas, lo que la obligó a pedir dinero prestado para poder seguir asistiendo.
“Nos trasladan que al preguntar por el abono de las ayudas, la respuesta ha sido que no hay fondos disponibles en este momento”, explica José Luis Calo.
Petición de explicaciones y más transparencia
Ante la gravedad de las denuncias recibidas, UCIN Galicia anuncia que:
- Ampliará la investigación a través de sus sedes en la comunidad.
- Solicitará explicaciones formales a la Xunta de Galicia.
- Reclamará transparencia sobre el impacto real de estos cursos en las cifras de desempleo.
- Exige el pago inmediato de las ayudas pendientes a los participantes.
“Si las cifras de paro descienden pero no aumentan las altas laborales estables, es legítimo preguntarse qué está ocurriendo. No se puede jugar con la dignidad ni con la necesidad de quienes buscan trabajo”, concluye José Luis Calo.
Desde UCIN Galicia insisten en que no se trata de cuestionar la utilidad de la formación, sino de garantizar que estos programas cumplan su función sin perjudicar a quienes más apoyo necesitan.
