VOX ha dado un paso más en Bruselas y ha impulsado una resolución para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo entre la UE y Mercosur. El motivo: la decisión de la Comisión Europea de dividir un tratado que se negoció como un todo.
Según denuncia la formación, Bruselas pretende trocear el acuerdo en dos textos distintos —uno comercial y otro político— para esquivar el control de los Parlamentos nacionales y acelerar su aplicación. Una jugada que, a juicio de VOX, rompe las reglas del juego europeo y vulnera tanto los Tratados como el equilibrio institucional.
Desde el partido subrayan que el mandato aprobado por el Consejo era claro: un acuerdo único y mixto. Nada de atajos. Y recuerdan que la Comisión no tiene competencias para cambiar por su cuenta la naturaleza jurídica de un tratado ya cerrado.
Además, alertan de que pedir un dictamen al TJUE no es un capricho. Puede frenar la entrada en vigor del acuerdo, obligar a una revisión legal a fondo y evitar que se imponga sin debate ni control democrático. Algo que, dicen, varios países ya han rechazado.
Pero hay más. El campo español vuelve a estar en el centro del problema. VOX avisa de que la aplicación provisional del acuerdo abriría la puerta a productos agroalimentarios de Mercosur sin las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales que cumplen los agricultores europeos. Competencia desleal, en román paladino, y un golpe directo a miles de explotaciones.
El acuerdo, tal y como está planteado, choca con los objetivos agrícolas y medioambientales de la UE, y pone en riesgo tanto la seguridad alimentaria como la viabilidad del mundo rural, especialmente en países como España, donde el campo ya va justo.
Con esta iniciativa, VOX quiere que sea la Justicia europea la que decida si la Comisión se ha extralimitado, ha invadido competencias nacionales y ha intentado colar por la puerta de atrás un acuerdo sin consenso.
