UCIN Galicia reclama revisar las retribuciones de los diputados gallegos, sus dietas y complementos, además de aumentar la transparencia sobre las cantidades que perciben los cargos electos. La formación municipalista hizo pública esta petición el 12 de agosto de 2026, a través de su coordinador, José Luis Calo, que cuestiona la distancia que, a su juicio, existe entre la clase política y las dificultades económicas que afrontan muchas familias.
Calo sostiene que las condiciones económicas de determinados cargos públicos se encuentran alejadas de la realidad salarial de buena parte de la sociedad. «Un trabajador gallego tiene que hacer frente al alquiler o la hipoteca, la cesta de la compra, la electricidad, los carburantes, los impuestos y los gastos de sus hijos. Mientras tanto, vemos cómo determinados cargos públicos disponen de unas condiciones económicas que poco tienen que ver con esa realidad. Esto no es normal y no podemos seguir mirando hacia otro lado».
UCIN Galicia cita datos del INE según los cuales el salario medio anual en Galicia alcanzó los 26.547,27 euros en 2024. La formación contrapone esa cifra al régimen económico del Parlamento de Galicia, que contempla para los diputados con dedicación exclusiva una asignación fija junto con diferentes complementos y ayudas de coste.
La crítica de Calo no se dirige, según explica, a que los representantes públicos tengan una remuneración por su trabajo, sino a la existencia de una estructura económica que considera excesivamente alejada de los salarios de miles de gallegos. «El problema no es que un representante público tenga que recibir una remuneración digna por su trabajo, sino que se haya normalizado una estructura de privilegios económicos que puede generar una brecha enorme respecto a la realidad salarial de miles de gallegos».
La formación reclama que las cantidades percibidas por los cargos públicos sean transparentes y estén justificadas y vinculadas a las responsabilidades que desempeñan. Entre sus propuestas figuran revisar asignaciones, complementos y dietas; publicar de forma accesible las cantidades percibidas por cada representante; exigir documentación para las indemnizaciones y gastos ligados al cargo y evitar duplicidades cuando concurran distintas responsabilidades públicas.
También plantea que las actualizaciones de las retribuciones respondan a criterios objetivos y transparentes y que se reduzcan los gastos políticos que considera prescindibles para destinar más recursos a los servicios públicos y a las necesidades ciudadanas.
«La política debe ser un servicio público, no una vía para vivir en una burbuja alejada de la sociedad», sostiene Calo. El coordinador de UCIN Galicia relaciona esta reclamación con las dificultades que, según expone, afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda, llegar a final de mes o mantener determinados servicios públicos.
La formación municipalista reclama así una mayor austeridad en las instituciones gallegas. Calo resume su posición con una petición concreta: «No pedimos que los políticos trabajen gratis. Pedimos que dejen de vivir en una realidad diferente a la de aquellos a quienes representan».
UCIN Galicia sitúa esta propuesta dentro de su apuesta por una política municipalista centrada en las personas y alejada de la confrontación entre siglas. «Galicia necesita políticos que sepan cuánto cuesta llenar una nevera, pagar un alquiler, mantener un vehículo para ir a trabajar o afrontar los gastos de una familia. Necesitamos representantes que estén con los pies en la calle y no únicamente en los despachos», concluye José Luis Calo.
