Desde UCIN Galicia muestran una profunda preocupación por la decisión adoptada en el pleno municipal de Vigo el pasado 25 de enero, donde PSOE y PP votaron en contra de la moción del BNG para suspender la licitación del servicio de autobús urbano. Para la formación independiente, este rechazo condena a la ciudad a otra década de un transporte privatizado e insuficiente.
La decisión ignora, según UCIN, las demandas vecinales de más frecuencias, nuevas líneas y mayor puntualidad. El nuevo contrato mantiene el mismo número de autobuses y kilómetros que la actual flota de Vitrasa, pero con un coste muy superior, que supera los 45 millones de euros anuales.
Un modelo que no funciona
UCIN denuncia que el sistema privatizado ha demostrado su fracaso con el paso de los años. Desde 2020 se han perdido 250 frecuencias diarias, se han eliminado líneas clave —como la segunda circular— y se ha reducido el servicio en zonas periféricas como As Roteas. A su juicio, PSOE y PP han permitido este deterioro, anteponiendo intereses empresariales a la movilidad cotidiana de la ciudadanía.
Mientras tanto, recuerdan, ciudades como Madrid o Sevilla han apostado por modelos de gestión pública directa, con mejores resultados.
Una licitación que prolonga el problema
El nuevo contrato, con una duración de nueve años prorrogables, prolonga una concesión vigente desde 1994, sin ampliar flota ni rutas pese a que existen estudios municipales que reconocen la necesidad de mejorar el servicio. UCIN critica que se mantenga un sistema obsoleto bajo la fórmula de un «contrato vivo», que traslada los riesgos a lo público sin garantías reales.
La formación también cuestiona el modelo de servicio gestionado por una empresa privada, definido por el BNG como «mal servicio, más caro», y advierte de que se trata de una oportunidad perdida para transformar el transporte urbano de Vigo.
Cifras que generan debate
La licitación, aprobada a finales de 2025, contempla un importe base de 195,9 millones de euros hasta 2034, con un coste total que podría alcanzar los 468,6 millones incluyendo tarifas a usuarios. Aunque prevé inversiones en nuevos autobuses —en su mayoría eléctricos— y en electrificación de cocheras, no incorpora nuevas rutas ni incrementa la flota, uno de los principales puntos de crítica.
Impacto más allá de Vigo
UCIN advierte de que esta decisión no solo afecta a la ciudad, sino también a municipios cercanos como Pontevedra y Mos, donde los problemas de movilidad interurbana se ven agravados por obras e inundaciones recurrentes.
La alternativa que propone UCIN
La formación defiende la remunicipalización inmediata del servicio, con gestión directa desde el Concello, más autobuses, más frecuencias y un diseño participativo a través del Consello Sectorial de Transportes. Un modelo basado en la electrificación total, la accesibilidad y el control público, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027 como alternativa al bipartidismo.
